Por unanimidad de votos, el Pleno de la LXII Legislatura aprobó exhortar al Concejo Municipal de Centro y a los 16 Ayuntamientos del Estado para que establezcan un Programa de Modernización de los Rastros Municipales, a fin de que la población consuma carne de mayor calidad y totalmente autorizada para consumo humano, en beneficio de la salud pública.
La propuesta, planteada por la legisladora Norma Gamas Fuentes, subraya la importancia de que los rastros municipales cuenten con los registros y documentación legal y sanitaria que se les requiera, a fin de que se garantice a la ciudadanía adquirir carne debidamente inspeccionada y autorizada para consumo humano.
Previo a la aprobación del Punto de Acuerdo, el diputado Adrián Hernández Balboa propuso que la SEDAFOP, Secretaría de Salud y SAGARPA informen sobre las acciones de supervisión, vigilancia y modernización de los rastros que realizan, petición que fue avalada por el Pleno.
En otro momento, la primera secretaria, Gloria Herrera, dio lectura a una Iniciativa de Decreto presentada por el Gobernador del Estado para enajenar, a título gratuito, un bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado en favor del Poder Ejecutivo Federal.
La propuesta enviada a la Comisión de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, indica que el Gobierno del Estado es propietario de un predio localizado a la salida del Puerto de Frontera, el cual se considera factible para la construcción del Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF), a fin de agilizar el tránsito de las autoridades migratorias.
Posteriormente, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana presentó una Iniciativa de Decreto para derogar el párrafo segundo del artículo 314 y adicionar un artículo 314 Bis al Código Penal para el Estado de Tabasco, en materia de responsabilidad de los conductores de unidades del servicio público de pasajeros.
La propuesta establece que a los conductores del servicio público que generen accidentes donde haya lesionados, y las lesiones disminuyan facultades o el normal funcionamiento de órganos, se les impondrá penas de tres a seis años de prisión y suspensión por tres años del derecho a conducir vehículos de pasajeros.
En caso de que las lesiones generen secuelas permanentes o pérdida de alguna extremidad, la sanción será de cinco a 10 años y suspensión de cinco años el derecho a conducir; y en caso de pérdidas de vidas, la pena será de 10 a 15 años y suspensión permanente del derecho a conducir vehículos de pasajeros, por lo que la Comisión de Seguridad Pública y Procuración de Justicia analizará la iniciatica.
Por otra parte, la diputada Hilda Santos Padrón propuso un exhorto para insistir que la Comisión de Salud dictamine sobre una petición relacionada con el Plan de Respuesta ante la situación epidemiológica en la entidad y las medidas aplicadas frente a las enfermedades transmitidas por mosquito.
En su oportunidad, los diputados Carlos Ordorica Cervantes, Manuel Andrade Díaz, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Solange María Soler Lanz y José Manuel Lizárraga Pérez debatieron sobre la propuesta que había sido solicitada de urgente resolución pero que finalmente fue regresada a la Comisión de Salud.
Finalmente, en asuntos generales los diputados Silbestre Álvarez Ramón y Salvador Sánchez Leyva se pronunciaron sobre el Natalicio de Benito Juárez; el legislador José Manuel Lizárraga Pérez se refirió a la erosión en Villa Sánchez Magallanes, Cárdenas; la diputada Ana Luisa Castellanos Hernández habló sobre las efemérides de marzo; y los legisladores Manuel Andrade Díaz y José Antonio De La Vega Asmitia debatieron sobre las comparecencias de servidores públicos.
Piden modernizar rastros municipales en beneficio de la salud pública
